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jueves, 11 de julio de 2013

NEMO AUDITUR QUOD TURPITUDINEM ALEGANS BARCENAS





Vamos a ver. Barcenas ha montado “su” carrito de los helados galáctico (a las pruebas de los saldos de las c/c me remito) simultaneando su responsabilidad gestora del partido popular instrumentada bajo el régimen de funcionamiento ordinario para todos los partidos políticos, según posibilita nuestro actual ordenamiento jurídico y según vienen funcionando desde que la democracia es democracia; y, lógicamente, su chiringuito particular. 

La estrategia, la maniobra urdida por Barcenas desde hace tiempo se asienta y cobra carta de naturaleza sobre los difusos perfiles con que se establece la legalidad del régimen financiero a que están sometidos los partidos políticos, por cuya indefinición ha obtenido pingües beneficios hasta alcanzar las cifras que nos han escandalizado a todos.

Ocurre que encontrándose en esa situación óptima de obtención de incalculables beneficios que le venía reportando su particular negocio y coincidiendo con una general situación económica caótica le han saltado las alarmas provocando cierto frenesí entre medios, opinión pública, administración de justicia, oposición y gobierno. Ante esta situación y con la precipitación de unos acontecimientos que se veían venir ¿cómo justificar su meteórica progresión económica?. Inicialmente, parecía iba a ser suficiente, aduciendo ventajosísimas operaciones comerciales de muy diversa naturaleza en las que era difícil por no decir imposible deslindar las ganancias provenientes de su patrimonio particular, de las que podrían deducirse de la aportación de elementos patrimoniales afectados al funcionamiento de un partido del que hasta hace poco tiempo venía siguiendo estando vinculado laboralmente (esta es la vieja diatriba doctrinal que distingue entre actos de administración y actos de disposición).

En efecto la consideración de patrimonio independiente del que venía disponiendo Barcenas hasta el reciente embargo decretado judicialmente era indudablemente de su sola y absoluta titularidad. Y este es el que está siendo objeto de control. Los papeles no hacen razón de nada de lo que está siendo fiscalizado.

Barcenas lo que ha hecho, para mi, con escasas posibilidades de sustentar una sólida estrategia jurídica que le pueda granjear una resolución judicial favorable, es lo que, estoy convencido le hubiera gustado hacer a Guerrero o a Lanza (a los de los ERE de Andalucía); haber podido preconstituir un medio de prueba que alejara la atención de sus desmanes. Esa es la finalidad de los papeles. Distraer la atención de la verdadera conducta criminosa. Ahora, sacar los famosos papeles (papeluchos) no tiene ninguna explicación. Porque no hacen prueba, por sí mismos, de nada, por mucho que Pedro Jose se empeñe en darle esta consideración. En modo alguno pueden servirle de “potencial prueba con excepcional finalidad exculpatoria" como exige nuestro TS deben tener los medios admitidos en derecho a los que se les pretenda dar esa función liberadora de la responsabilidad penal. 

En efecto, pongámonos en la tesitura –conjeturemos- que alguno de los imputados en los ERE estén encerrados confeccionando su particular contabilidad B que incriminara a Chaves, a Griñan, a Magdalena y si mucho me apuras hasta Tocho, a Cándido e incluso a zapatero. Estaríamos en presencia de otra burda estratagema urdida para ejercer el derecho a la defensa que todo individuo tiene constitucionalmente reconocido, pero que, en modo alguno, puede dársele otro valor que vaya más allá de ese: la defensa del imputado. 

Porque lo que pretende Pedro J y por eso se ha prestado tan solicito a testificar en la causa de Barcenas es provocar una crisis gubernamental. Que zafio y ruin es risitas Ramírez con el que han compartido fiestas y saraos todos los que ahora están en sus manos. Con la que tiene liada en el Mundo y lo que ha transigido la administración financiera para no desmoronar la quiebra técnica en que se encuentra el periódico. Deudas por 10, 12 millones de euros....Pero qué interés esconde Pedro J.; qué pretende Pedro José con ese “correveidile” que le ha entrado con los papeles de Barcenas, que dimita Rajoy y vuelva Aznar para que este a su vez le recomiende a Murdoch para que le saque del agujero economico en el que está hundido. Me parecen felonías interesadas que no dicen nada a favor del interés general.

Mariano un consejo: nemo auditur quod turpitudinem alegans. Los papeles son torpes. Se inflexible. Inmisericorde contra quienes te calumnian y ofenden. Denuncia sin paliativos a El Pais y al Mundo. No temas a la exceptio veritatis.



viernes, 5 de julio de 2013

ANTE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE NOS HACE FALTA




Si la administración pública. Si la nueva administración pública, que debiera configurarse bajo el actual panorama político-económico en el que nos encontramos, presidido por la crisis y la renovación de sus estructuras comprometida por el Gobierno Rajoy, se dedicara realmente a hacer lo que debiera en los precisos términos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente que le impone el deber inexcusable de actuar bajo los principios de flexibilización, agilidad administrativa, aproximación, calidad y mínimo intervencionismo. Si la administración así concebida actuara, decimos, bajo los principios expuestos, entonces habría muchos equipos susceptibles de ser empleados en cometidos más efectivos con el consiguiente ahorro en razón de la racionalización de los servicios prestados. Y todo esto podría hacerse, a mi juicio, sin necesidad de perder más tiempo mientras que se confeccionan más reglamentaciones huecas de las que ya existen. Si ya está todo dicho. Si normas hay a punta pala. Si no sabemos que hacer con ellas. Hace tiempo oí quejarse a Rafael Aldama, Abogado del Estado, de lo que dio en denominar "basura normativa" y, recientemente, he leído algún comentario de Javier Borrego Borrego, también Abogado del Estado y hasta hace poco Letrado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, quejándose de la saturación normativa que padecíamos. Éste, de forma más plástica se había tomado la molestia de medir los metros de tomos de leyes  estatales y autonómicas promulgados desde la Constitución hasta ahora. Irrisorio, por lo excesivo.

Agilidad, calidad, desburocratización: tendencia a la desreglamentación. Pero esto es muy fácil decirlo. Su enunciado entra dentro de lo que puede ser considerado como políticamente correcto y estéticamente precioso. Pero esto que es muy fácil decirlo, no debe quedar en proclamas lisonjeras o declaración de intenciones sino que ya va siendo hora de que se lleve a la práctica. No se puede perder más tiempo si se quiere regenerar la administración y convertir en un instrumento válido que desarrolle, con efectividad, las medidas que palíen la crisis económica. Hasta ahora no se han dejado de emitir reglamentaciones expresivas de cuanto se viene diciendo. A título de ejemplo extraeré algunas referencias normativas que avalan mi preocupación, no sólo por su número sino por lo remoto de sus pronunciamientos y el olvido de sus postulados. Así: 
  • Para la salvaguarda de los principios de eficacia y objetividad administrativa, ya contamos con la ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del año 1992 hace la friolera de 20 años aproximadamente.
  • Principios que ya eran considerados desde 1978 por el artículo 103 de nuestra Constitución.
  • La obligación que tiene la Administración de realizar esfuerzos para la innovación y mejora de los servicios administrativos y para buscar y sintetizar en el trabajo de las Administraciones los principios de eficacia y eficiencia, flexibilización y agilización de trámites, en Extremadura, ya lo tenemos dicho en el Decreto 21/1996 de 19 de febrero que se refiere al Plan de Innovación y Mejora de la Administración, en el que se repiten las expresiones "eficiencia y eficiacia" hasta siete veces. Pero lo triste es que sea sólo eso: un mantra, un latiguillo, una letanía...
  • También en Extremadura el haz de derechos que el ciudadano ostenta "frente"(sic) a la Administración, también los tenemos ya relacionados en la Ley de Gobierno y Administración de Extremadura (Ley 1/2002). Se establecen en los artículos 83 y siguientes. 
  • Y además de todo ello, el decreto 149/2004 de 14 de octubre se pronuncia en términos tan categóricos que casi llegan a asunstar: “si el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica la EXISTENCIA de la administración autonómica extremeña”. Casi nadie al aparato..
  • Pero al día de hoy, no queda ahí la cosa, sino que el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2004 acordó aprobar otro Plan de Mejora y Calidad de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que debía contener el proceso de modernización, adopción de nuevas exigencias demandadas por los ciudadanos; porque, el progreso tecnológico hacía necesario articular, concretar   e impulsar el Plan y se estableció la Carta de los Derechos del Ciudadano. 
Pues bien, a pesar de esto, el ciudadano en la actualidad no percibe la facilitación, aproximación, ni flexibilización de la administración sino que, continúa detectando, lo complicado que es llevar a cabo, cumplimentar, todo lo que se le impone.

Lo que se necesita es una decidida voluntad y compromiso personal y profesional de regenerar la administración: simplificación efectiva en todo caso y formación de los empleados públicos para que quienes tienen que instrumentar estas medidas estén perfectamente persuadidos y preparados para adoptarlas en interés del ciudadano.

lunes, 1 de julio de 2013

EL FUTURO DE LA JUSTICIA




La justicia del futuro y el futuro de la justicia, es el título de una jornada celebrada el lunes pasado en Mérida. Me parece un titulo poco afortunado, por manido y falto de originalidad. Después de haber comprobado lo poco que dio de sí. La meta que presagiaba la cartelera en modo alguno pudo considerarse alcanzada. Pero, al margen de la grandilocuencia de lo anunciado, sin duda para captar la atención de posibles concurrentes; estamos, el que más y el que menos, ávidos de información sobre esta materia: la justicia... la del “futuro” y la de “hoy”. Cuando están en candelero los temas judiciales más representativos de la parte negativa del “buen pueblo español” integrada por corruptos, agresores, parricidas, etc...; y los temas sobre reformas procesales inminentes. De los primeros tenemos suficientemente cumplida información a diario a través delos reality y por la opinión que se publica en los medios; que argumentan, conjeturan, especulan y diagnostican con un rigor técnico digno de mejor causa, cuando las heterogéneas resoluciones judiciales emitidas, en sus diferentes momentos procesales, no dejan de provocar cierta perplejidad a quienes tenemos el derecho como principal herramienta de nuestra vida laboral; o, cuándo se están acometiendo reformas legislativas de ámbito penal tan trascendentes como la Ley de Enjuciamiento Criminal, o la del tema del aborto, o la tipificación de nuevas penas, o la consideración de delitos no contemplados hasta ahora; o cuando está en estudio la aplicabilidad de nuevas tasas judiciales o si van a mantenerse los Consejos Consultivos autonómicos o no. Cuando estamos ante este escenario, nos ofrecen una reflexión sobre la Justicia del Futuro y nos tiramos a ella como gato al bofe. Nuestra sorpresa se produce cuando comprobamos que la anunciada jornada pasa sin pena ni gloria. Con una intervención intranscendente de Esperanza Aguirre que prefirió no coger el toro de las duplicidades administrativas por los cuernos y el resto de los intervinientes matinales que se dedicaron a “filosofar” sobre la manoseada división de poderes lo que nos alejaba de nuestro inicial anhelo.

Terminó, por fin la jornada, después de una tarde difícil de soportar agravada por la canícula de estos días iniciales de verano.

Estas jornadas donde se organizan bien es en el Consejo General del Poder Judicial y concretamente las encomendadas al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Me consta.

jueves, 20 de junio de 2013

ORACIÓN



Esta poesía-oración es de Rafael Sánchez Mazas. La anécdota consiste en que el manuscrito lo conservaba mi padre que me lo transmitió. A su vez a mi padre se lo había regalado su buen amigo Juan Ignacio Royo Villanova. Juan Ignacio Royo Villanova era (no se si vivirá, en cualquier caso por aquella época padecía alguna grave enfermedad que con frecuencia le tenía postrado en el sanatorio) una persona excepcional. Juan Ignacio me hacia gracia porque teniendo menos edad que mi padre le llama Fernandito y a tío Paco "Paquito". Juan Ignacio había recibido el escrito de Diego Salas Pombo.
La poesía dice así:
Delante de la cruz los ojos míos
Quédenseme, señor, asi mirando
Y, sin ellos quererlo, estén llorando
Porque pecaron mucho y son impíos
Y estos labios, que dicen mis desvíos
Quédenseme, señor así cantando
Y sin ellos quererlo estén rezando
Porque pecaron mucho y están fríos
Y así con la mirada en vos prendida
Y, así, con la palabra prisionera
Como la carne, a nuestra cruz asida
Quédeseme, señor el alma entera
Y, así, clavada en vuestra cruz mi vida.
Señor, así cuando queráis me muera

miércoles, 19 de junio de 2013

EL ALEPH



La desestructuración del estructuralismo jurídico. La globalización, la solidaridad, la visión tridimensional de las relaciones jurídicas: facultad-deber e injerencia de las potestades supra sinalagmáticas. Los nuevos deberes establecidos al margen de las relaciones jurídico-privadas. Para mi el estructuralismo lingüístico se inicia a partir de la “esfera tornasolada de casi intolerable fulgor” que Antonio imprime a sus razonamientos. Compuso un nuevo concepto histórico-filosófico de Derecho, sobre la novedosa versión del “deber” en clara revisión de la clásica concepción antagónica de los elementos integradores de la metodología tradicional 



Fue la crónica de un éxito anunciado. Estuvo colosal. Mi primo Antoñito, que es un fuera de serie, no sólo no defraudó las expectativas que teníamos los que le conocemos bien, durante su discurso, de antes de ayer, de ingreso en la Academia de Legislación y Jurisprudencia sino que para mi estuvo insuperable tanto en el fondo como en la forma. Prueba de ello es que el eminente Diez Picazo elaboró una contestación desabrida y a mi juicio (y con todos los respetos que se merece) desafortunada que culminó con una “zapateta” incomprensible e impropia del acto solemne que presidía dando lugar a los lógicos comentarios de la concurrencia por lo sorprendente de la reacción. “Quod natura non dat Salmantica non prestat” hubiéramos dicho de ser otro quien contestara al recipiendario mediante la lectura de una multitud de papeles confeccionados desde una reflexión jurídica bastante mediocre, desde luego en modo alguno parangonable con la altura del emitido por el profesor Hernández-Gil. Papeles que, por otra parte, acabó perdiendo en la última parte del acto. 



Perdón por lo prosaico de la expresión pero Antonio debió salir a hombros y por la puerta grande de la Real Academia: Es el José Tomás del derecho. El Ferran Adriá
 

martes, 11 de junio de 2013

"DIES CERTUS AN INCERTUS QUANDO"



Un Plan de Inspección de Turismo ahora, se hace más imprescindible que nunca. No puede convertirse en un esperar lo que nunca llega. No sólo porque en los sucesivos decretos expresivos de las estructuras administrativas de las diferentes Consejerías que han gestionado el área del Turismo se venga proclamando que, a la Dirección General del ramo, entre otras funciones, le corresponde el desarrollo de las labores de inspección de acuerdo con los Planes aprobados al respecto, sin que nunca se hayan aprobado planes aunque sí se vengan desarrollando labores de inspección desde hace tres décadas. Pero es que ahora, insisto, se ofrece, además de imprescindible, incluso conveniente y eficaz para instrumentar el asesoramiento de que precisan los emprendedores en el sector turístico en cualquiera de sus modalidades: Hoteles, restaurantes, alojamientos rurales. Agencias de viajes, turismo alternativo, etc..; cuando el inicio de su actividad tan sólo depende de su “declaración responsable” de reunir los requisitos que establece la administración turística; pero ¡ay¡ de las consecuencias que le deparará una declaración responsable inexacta, incorrecta, errónea o falsa, Las prevenciones legales ante esta situación son letales. Les puede llegar a deparar hasta el cierre del establecimiento e incluso la suspensión para el ejercicio de la actividad (sin entrar a prejuzgar mi criterio personal sobre esta medida, prácticamente, punitiva). Conclusión: para eso está la administración, para asesorar-informar-favorecer-ayudar-aconsejar-puntualizar a esos emprendedores que se ven abocados a efectuar la declaración que les  coloque en situación de poder desarrollar una actividad o prestar unos servicios con todas las garantías de seguridad jurídica, sin sobresaltos ni sorpresivas amonestaciones administrativas ingratas y desilusionantes. Esta misión, creo, que debe ser incumbencia propia de los órganos de turismo que tienen encomendada específicamente la función de asesorar, bajo la dependencia jerárquica e instrumental de la Dirección General de Turismo y del correspondiente y anhelado Plan de Exploración Programada. Otras variadas razones aconsejan la pertinencia del Plan pero de momento me conformo con comentar ésta.

lunes, 10 de junio de 2013

JUSTICIA CIEGA





Lo malo no es lo conocidos que son ni lo elevado de las cuantías por las que se les piden explicaciones. Lo verdaderamente sobrecogedor es la razón por la cual tenemos que tener tanta "familiaridad" con juzgadores y juzgados....y con las medidas cautelares o preventivas que son aplicadas. ¿Beneficia lo primero, lo de la familiaridad, a la seguridad jurídica; y, las segundas, se adoptan con plenas garantías constitucionales?. 
De momento, sobradamente es sabido que Blesa está en la cárcel. Gerardo Diaz, también. Marío Conde ya estuvo. Como Javier de la Rosa; los "albertos" no se si llegaron a pisarla. Urdangarin, Bárcenas, Diego Torres y, hasta, la Infanta en el punto de mira. Francisco Correa, ha salido hace poco. Pablo Crespo y Alvaro López ("el bigotes"), tienen pinta de no tardar mucho. Guerrero, su chauffeur, y su consejero, lo mismo. Los de la farándula y los delitos urbanísticos y contra la hacienda pública, lo dejamos para otro momento.
Creo que ni la familiaridad, ni la curiosidad por cómo entran y salen de los juzgados unos y otros, dice nada en favor de la administración de justicia.
Del otro lado, nos es sobradamente conocida la personalidad de Pedraz, Ruz, Gómez Bermudez, Garzón, Castro, Alaya, Elpidio, Pedreira, Gómez de Liaño, Ismael Moreno y Pascual D´Estevill (que tuvo la oportunidad de ocupar una y otra posición a lo largo de su vida profesional); de, casi, todos ellos conocemos sus gustos (unos por la ropa más o menos glamurosa), de otros sus aficiones (deportivas -cinegéticas, ciclistas) y de otros hasta su expediente funcionarial. La opinión pública tiene éste conocimiento por la opinión que es publicada hasta la saciedad por los medios de difusión que dedican una excepcional atención a los profesionales estelares y rutilantes encargados de obtener las pruebas de potencial relevancia inculpatoria que justifique tan sonadas medidas.
Para la administración de justicia, para los inculpados y para la sociedad en general sería más positivo que sobre esta materia se actuara con mayor sigilo.