ANTE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE NOS HACE FALTA

Si la administración pública. Si la nueva administración pública, que debiera configurarse bajo el actual panorama político-económico en el que nos encontramos, presidido por la crisis y la renovación de sus estructuras comprometida por el Gobierno Rajoy, se dedicara realmente a hacer lo que debiera en los precisos términos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente que le impone el deber inexcusable de actuar bajo los principios de flexibilización, agilidad administrativa, aproximación, calidad y mínimo intervencionismo. Si la administración así concebida actuara, decimos, bajo los principios expuestos, entonces habría muchos equipos susceptibles de ser empleados en cometidos más efectivos con el consiguiente ahorro en razón de la racionalización de los servicios prestados. Y todo esto podría hacerse, a mi juicio, sin necesidad de perder más tiempo mientras que se confeccionan más reglamentaciones huecas de las que ya existen. Si ya está todo dicho. Si normas hay a punta pala. Si no sabemos que hacer con ellas. Hace tiempo oí quejarse a Rafael Aldama, Abogado del Estado, de lo que dio en denominar "basura normativa" y, recientemente, he leído algún comentario de Javier Borrego Borrego, también Abogado del Estado y hasta hace poco Letrado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, quejándose de la saturación normativa que padecíamos. Éste, de forma más plástica se había tomado la molestia de medir los metros de tomos de leyes  estatales y autonómicas promulgados desde la Constitución hasta ahora. Irrisorio, por lo excesivo.

Agilidad, calidad, desburocratización: tendencia a la desreglamentación. Pero esto es muy fácil decirlo. Su enunciado entra dentro de lo que puede ser considerado como políticamente correcto y estéticamente precioso. Pero esto que es muy fácil decirlo, no debe quedar en proclamas lisonjeras o declaración de intenciones sino que ya va siendo hora de que se lleve a la práctica. No se puede perder más tiempo si se quiere regenerar la administración y convertir en un instrumento válido que desarrolle, con efectividad, las medidas que palíen la crisis económica. Hasta ahora no se han dejado de emitir reglamentaciones expresivas de cuanto se viene diciendo. A título de ejemplo extraeré algunas referencias normativas que avalan mi preocupación, no sólo por su número sino por lo remoto de sus pronunciamientos y el olvido de sus postulados. Así: 

• Para la salvaguarda de los principios de eficacia y objetividad administrativa, ya contamos con la ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del año 1992 hace la friolera de 20 años aproximadamente.
• Principios que ya eran considerados desde 1978 por el artículo 103 de nuestra Constitución.
• La obligación que tiene la Administración de realizar esfuerzos para la innovación y mejora de los servicios administrativos y para buscar y sintetizar en el trabajo de las Administraciones los principios de eficacia y eficiencia, flexibilización y agilización de trámites, en Extremadura, ya lo tenemos dicho en el Decreto 21/1996 de 19 de febrero que se refiere al Plan de Innovación y Mejora de la Administración, en el que se repiten las expresiones "eficiencia y eficiacia" hasta siete veces. Pero lo triste es que sea sólo eso: un mantra, un latiguillo, una letanía...
• También en Extremadura el haz de derechos que el ciudadano ostenta "frente"(sic) a la Administración, también los tenemos ya relacionados en la Ley de Gobierno y Administración de Extremadura (Ley 1/2002). Se establecen en los artículos 83 y siguientes. 
• Y además de todo ello, el decreto 149/2004 de 14 de octubre se pronuncia en términos tan categóricos que casi llegan a asunstar: “si el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica la EXISTENCIA de la administración autonómica extremeña”. Casi nadie al aparato..
• Pero al día de hoy, no queda ahí la cosa, sino que el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2004 acordó aprobar otro Plan de Mejora y Calidad de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que debía contener el proceso de modernización, adopción de nuevas exigencias demandadas por los ciudadanos; porque, el progreso tecnológico hacía necesario articular, concretar   e impulsar el Plan y se estableció la Carta de los Derechos del Ciudadano. 

Pues bien, a pesar de esto, el ciudadano en la actualidad no percibe la facilitación, aproximación, ni flexibilización de la administración sino que, continúa detectando, lo complicado que es llevar a cabo, cumplimentar, todo lo que se le impone.

Lo que se necesita es una decidida voluntad y compromiso personal y profesional de regenerar la administración: simplificación efectiva en todo caso y formación de los empleados públicos para que quienes tienen que instrumentar estas medidas estén perfectamente persuadidos y preparados para adoptarlas en interés del ciudadano.