Al cabo de tanto tiempo transcurrido,
nos podemos preguntar si ha valido la pena el estado tan democrático,
tan social y tan de derecho que nos dimos con la Constitución del 1978.
¡Desde luego que sí¡ Conviene enfatizar la respuesta cuando se entra en fase de
declinante lógico escepticismo provocado por los últimos acontecimientos
políticos, económicos y sociales: secesionismo regional, gobierno Frankestein,
paro, deuda, déficit, liberación de presos, ocupas, terroristas excarcelados.
De modo que salir a la calle (si nos
deja alguna vez este coronavirus-chino que nos invade) se ha convertido en un
poema. Podemos cruzarnos, sin mayor complicación, con un sanguinario criminal
monstruoso devora-inocentes o con el autor de un atentado terrorista o con un
desquiciado independentista. Y podremos coincidir con esforzadas familias sin
saber donde guarecerse por haber sido despojados de sus viviendas por abnegados
okupas mientras que los primeros guardaban las extensas colas del hambre. Nos
preguntaremos ¿pero esto cómo es posible?. Y esto ¿por qué?. Pues, por la
sencilla razón de que, a partir de aquella Constitución, entre otras leyes nos dotamos de una legislación penitenciaria muy
aperturista, liberal y socialmente avanzada. De corte nórdica para más señas, que
lo posibilita y porque hay que cumplir escrupulosamente con el principio de
legalidad. Ese principio que venía a fundamentar la pirámide normativa que ideó
Kelsen. Sí, Hans, que decía que había unas normas de rango superior que no
podían ser alteradas por las de rango inferior. También esto ha sido invertido
ahora: una mera Orden Ministerial puede dar al traste con el desarrollo
normativo del derecho Constitucional a la Educación. Igual que el sacrosanto,
en principio, derecho a ser informado y a la libertad de información puede
sucumbir ante una decisión ministerial adoptada en un Consejo de Ministros
multitudinario.
A esta situación hemos llegado por el
afán de ser más papistas que el Papa de los Constituyentes, por la excesiva
tolerancia de los transitorios y por el golpe de la literatura judicial. “Tres
palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en
basura”, decía Kirchman. Tres palabras impropiamente incorporadas a una
resolución judicial han convertido en basura el Estado de Derecho.
También podemos sortear la presencia de
un grupo de alentadores del terrorismo mientras festejan, pacíficamente, la
feliz reincorporación a la sociedad de uno de sus arrojados gudaris de
peculiares guerras contra ciudadanos indefensos que, recientemente, hayan
podido ser elegidos como diputados, senadores o ediles. Todo esto es
actualmente posible por haber sido legalmente admitido.
