LA UTÓPICA FLEXIBILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

En el escenario de la administración “flexible, ágil y próxima” el ciudadano, futuro posible inversor en el desarrollo del “motor de la economía española que es el turismo”, se encuentra con la siguiente situación: Un emprendedor en el sector turístico hoy por hoy, cuando diseñe su objeto empresarial, debe ponerse al corriente de 17 ordenamientos jurídicos sectoriales. Cada uno con sus respectivas especificidades. Pero ahí no queda la cosa. No es suficiente con darse una lectura a 17 normas jurídicas, sino que a medida que vaya concretando su proyecto inversor (en función de la actividad que pretenda emprender) deberá ir profundizando en las procelosas aguas surtas a partir del “ingenio” reglamentador autonómico en razón de unos cinco decretos (de media) por cada una de esas diecisiete autonomías: alojamientos hoteleros, alojamientos rurales, intermediación, turismo activo, precios y reservas. Como mínimo. O sea que tiene que meterse para el coleto la friolera de, promediando 100 artículos por normativa turística autonómica, 1.700 preceptos normativos, dijéramos generales, más los contenidos en cada una de las cinco reglamentaciones sectoriales por autonomía a razón de 50 artículos arrojan la no desdeñable cifra de 4.250 preceptos que sumados a los 1.700 iniciales resultan unos 5.950 preceptos. Todos ellos susceptibles de sus correspondientes interpretaciones.

Esta es la situación real. La utópica, es la formulada casi sistemáticamente en cada uno de los preámbulos de las normas anteriormente contabilizadas en los que se viene, con reiterada frecuencia, haciendo mención a la finalidad flexibilizadora subyacente; y la enunciada casi hasta el hartazgo por los responsables político-administrativos de que se apoyarán sin fisuras la verdadera agilización administrativa.

Vengo observando como recientemente se incorporan a esta nueva debacle burocrática instrumentos procedimentales que, pretendiendo reducir exigencias, lo que contribuyen es a incrementarlas con incomprensibles protocolos ideados desde fuera de nuestras fronteras geográficas que suponen la aplicación de complicadísimas herramientas informáticas encaminadas a, en principio, la eliminación de los obstáculos administrativos (sistemas de identificación y evaluación de la normativa afectada por la Directiva Wolknstein, SIENA, o IMI); o los concebidos desde nuestra comunidad autónoma como el del preceptivo Informe de Simplificación Administrativa al que se refiere el decreto que aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura.

ASÍ NO VAMOS A NINGUNA PARTE

Así novamos a ninguna parte. Si no cambiamos. Si no mejoramos los métodos. Si seguimos alentando la administración del todo tiene que pasar por mí. No me fío ni de mi prima (la del “riesgo). Si no disponemos de empleados resolutivos con capacidad de resolver problemas sobre la marcha. Pero en todas las instancias. En las superiores con mayor razón. Si la comunicación entre unidades administrativas es tortuosa. Si lo que predominan son los cauces reglamentarios para decidir cualquier situación. Entonces, es mejor que nos estemos quietecitos e ir pensando en que las estructuras y sus cometidos sean gestionados de otra manera que sea menos onerosa para el erario público. Esto se hace cada vez más insoportable y en algún momento tendremos que rendir cuentas. Dar explicaciones. No es posible que con carácter interno se tarde más de 15 días en averiguar como se puede instrumentar “el ejercicio de unas prácticas que han sido ideadas por el SEXPE para favorecer el empleo”. No hay coordinación. La gente se puede sentir defraudada o...incluso engañada. No se da la sensación, no ya de ser resolutivos, sino simplemente, no se da la sensación de que la administración tenga unidad de criterio. El que no se disponga de liquidez no quiere decir (“nihil obstat”) que las incidencias urgentes no puedan resolverse inmediatamente. Si para erradicar una plaga de termitas en una oficina pública hay que pasar por el trance administrativo de que se efectúe el escrito de informe de la situación: de petición del suministro al jefe de la sección encargada de estos menesteres para desde aquí remitirlo al jefe de servicio de SG. Para que a su vez este lo remita a SG en Mérida para que este lo confronte con la Dirección General responsable de la Unidad, que lo remitirá a su vez a esta (de donde partió) en la que el bicho se está empleando a fondo con el funcionario público de turno. Este no es el sistema que espera ni el ciudadano, ni el empleado, ni la administración, ni el legislador. Esto es una chapuza y no valen excusas de que es que hay falta de liquidez. Lo que hay es falta de sentido común. Si para que no nos muramos de calor hay que seguir un protocolo similar al anteriormente descrito. Agravado en su aspecto cualitativo con que antes de poner en funcionamiento el aire acondicionado, hay que hacer una imprescindible verificación de los brotes de legionella que se venían haciendo con agilidad y eficacia desde tiempo inmemorial es posible que ocurran alguna de estas cosas o que a algún que otro funcionario le de un vahído; o que la gente pase de venir al trabajo forzado por lo insoportable de la temperatura; o que se ponga el aire acondicionado sin la previa imprescindible revisión y le de un ataque de legionelosis. Que no hombre que no. Que esto no es “asina”, por muy pronto que nos levantemos.