A RIO REVUELTO

Hay verdaderos especialistas en hacer de la necesidad virtud bajo el ardid necesario para llevar a buen fin el viejo adagio de a río revuelto ganancia de pescadores.



Y esto que voy a contar me viene a la memoria como consecuencia de una consulta reciente que me hacen, en términos de indignación, sobre las vicisitudes procedimentales de una empresa declarada en quiebra hace años. La experiencia me indica que, en principio, estas acaloradas puestas en escena hay que ponerlas en cuarentena . Hay que profundizar en el problema con serenidad objetiva.



Después de la ponderada reflexión es cuando, en ocasiones, compruebas las turbulentas y procelosas aguas del ejercicio de la profesión.



Ocurre que, cuando atenaza la crisis económica se producen multitud de situaciones mercantiles concursales (antes suspensión de pago o quiebra) y, paradójicamente, aquí es donde muchos espabilados se hacen de oro.



Porque al rebufo de la resolución judicial de extenuación comercial por falta de liquidez lo que comporta la consiguiente adopción de medidas que suplan la falta de capacidad sobrevenida al concursado al objeto de evitar males mayores; son muchos los que se postulan como administradores, síndicos o comisarios del haber relicto por el empobrecido empresario.



En efecto, ahora es cuando entran en juego los listos. Se supone que deben ser acreditados profesionales los que lleven a buen término lo que no ha sabido hacer el quebrado. Pues bien, llegada esta desgraciada e infrecuente situación en la que el comerciante está absolutamente mojama para atender oportunamente sus obligaciones económicas como debiera pero siendo su activo patrimonial importante, incluso superior al pasivo, es cuando toman las riendas los nuevos gestores judicialmente designados. Los especialistas.



Pero lo más indignante es que casi siempre son los mismos. Y esto no es que yo me lo saque de la manga. Es que esta reiteración en los llamados al rápido enriquecimiento a costa del exangüe empresario inhabilitado, ha llegado a provocar (coincidiendo con la crisis económica precedente a la de ahora, la del año 92) la adopción por parte del Consejo General del Poder Judicial de medidas investigadoras que pusieran en evidencia la conocida contumacia y reiteración de determinados juzgados por designar a concretos administradores. Lo que pasa es que como casi siempre todo esto quedó en una mera “labor informativa”. Para economistas y abogados estos asuntos son de lo más apetitosos: tienen facultades omnímodas y sus retribuciones por razón de la cuantía se abonan con cargo a la masa; generándose a buen seguro, una infinidad de gestiones profesionales susceptibles de ser facturadas. Con lo que, a menudo también, lo que queda después de atender todas estas obligaciones económicas para liquidar los restantes compromisos económicos es bastante poco. A veces NADA.