Castilla y León, con su decreto regulador del turismo rural de noviembre de 2013, abre brecha en la orientación diseñada por la política del gobierno de la nación en orden a atender la demanda que se viene suscitando desde hace varios lustros, por agentes involucrados en el sector turístico, respecto de la imprescindible unificación y homogeneización de los criterios de clasificación de los alojamientos que, hasta ahora, venían estando dispersos por nuestra atomizada normativa autonomica.
Si cada comunidad autónoma sigue legislando sobre la clasificación de los establecimientos turísticos rurales sin coordinación con el resto de las comunidades, se seguirán produciendo los efectos distorsionadores que pretendemos evitar. Actualmente, cuando de momento sólo tenemos nuestro borrador y el que regula este sector en Castilla y León y que nos ha servido de modelo, ya apreciamos importantes diferencias entre uno y otro que pueden provocar no se consiga el efecto pretendido de que el usuario turístico nacional o extranjero no perciba servicios diferentes de encontrase en una comunidad autónoma o en otra. De partida encontramos una sustanciosa diferencia: para Castilla y León una población rural es la de menos de 3.000 habitantes y para Extremadura es la de menos de 10.000 habitantes.
Entiendo que no debemos conformarnos con habernos plegado a la unificación de nomenclatura. Las estrellas verdes. Si queremos conseguir el fin homogeneizador pretendido que permita al turista encontrase rodeado de unos similares parámetros turísticos con independencia del lugar en el que se encuentre, lo que hay que unificar, “prima facie”, son los criterios de clasificación y, para este objetivo, no habría autoridad administrativa más adecuada para hacerlo que la estatal. Por tanto, lo que propugnaría sería que se abordase un sistema de categorización nacional “obligatoria” básica y única que se complementara con un sistema de evaluación de criterios específicos propios de cada comunidad autónoma; con lo que por un lado tendríamos la garantía de armonizar un mínimo de calidad en todo el territorio nacional y, por otra parte, daríamos satisfacción a las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Ello serviría para, de esta forma, potenciar la marca de España en el Turismo Rural también al que es inherente sus singularidades territoriales, con lo que se unificaría el mercado y se incrementaría la eficacia de la promoción
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