¿SABEMOS HACERLO?

"Cuentan que cuando iba Caperucita Roja por el bosque, camino de la casa de la abuelita para llevarle la merienda que con tanta satisfacción a menudo deglutía su provecta yaya, se le acercó el ladino lobo invocando consejas interesadas sobre persuasivas alteraciones itinerarias que sólo perseguían obtener su provecho, una vez culminado con éxito el plan que había preconcebido..."

Ahora resulta que si queremos que la administración pública alcance los fines que le son consustanciales (agilidad, eficacia y cercanía al ciudadano) no hay más remedio que seguir los postulados sugeridos por

una empresa ajena a la administración, para que nos diga cómo tenemos que proceder y qué régimen debe seguir en su actuación.

¿Te imaginas a los jueces, militares, fuerzas de seguridad del estado o al Tribunal Constitucional guiándose, en su actividad ordinaria y en sus cometidos inherentes a la función que están llamados a desempeñar, por lo que les diga la empresa del "florentino pérez", el "isidoro alvarez" o el "botín" de turno?. Yo la verdad es que, aunque esté curado de espanto, no lo entiendo bien. Creo que la administración tiene suficientes elementos a su disposición como para actuar con eficiencia y eficacia. No me puedo olvidar del Plan de Reorganización, Simplificación y Transparencia de la administración regional definido como un "plan ambicioso que permitirá reiniciar y resetear la Administración" y que tiene como objetivo reconducir y mejorar el servicio que se presta al ciudadano en aras a una mayor eficacia y eficiencia, simplicidad y transparencia, y siempre bajo los parámetros de austeridad y rigor, actualmente en fase de ejecución desde la Consejería de Administración Pública.

Me da la impresión que, en nuestra administración se van solapando actuaciones como consecuencia de las medidas establecidas bajo el anterior gobierno más dadas a suplir carencias internas a base de invertir en externalizar cometidos. Es tanto como reconocer nuestra propia incapacidad o incompetencia para servir el interés general a que obedece toda actuación administrativa. El solapamiento aludido crea tensiones difíciles de comprender. En efecto, estas medidas debieron nacer a la luz de la administración anterior. Ahora se plantea el dilema entre: continuar o rescindirlas por irreconciliables con la nueva metodología más proclive a emplear nuestros propios recursos, pero, su resolución unilateral durante la ejecución del contrato podría ser considerada como antieconómica. Este complejo entiendo debe desdeñarse por carecer de argumentos razonables que lo avalen. Si hacemos memoria, pronto advertiremos que las enseñanzas provenientes de las empresas certificadoras del buen hacer de la administración tuvieron implantación en órganos semipúblicos o por lo menos con una naturaleza jurídica híbrida en las que los público y lo privado jugaban un papel equidistante como podía ser empresas públicas, organismos autónomos, etc... tales como en la AEMT en la época en que estaba gobernada por Teresa Ribera quien, al poco tiempo de su cese, como consecuencia del advenimiento de la nueva administración, pasó a dirigir una multinacional relacionada con las energías renovables (ISOFOTON en España,¡buena colocación¡).  Me huele a camelo o impostura, que sirva para algo aplicar los métodos sugeridos por empresas privadas sujetas, a su vez, en cuanto a su desenvolvimiento y ordenación a la propia administración a la que, esperpénticamente, parecen proporcionarle el servicio de su know how.